Amnistía Internacional


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1 [No publicar antes del 20/06/2003] Irak: En nombre de quién? Los derechos humanos y el proceso de reconstrucción económica en Irak Público Resumen Tras el reciente conflicto de Irak, los intereses externos se apresuran a obtener contratos para reconstruir la destrozada infraestructura del país e invertir en el proceso de reconstrucción. Hasta ahora las potencias ocupantes de Irak los Estados Unidos de América y el Reino Unido, otros gobiernos y empresas extranjeras implicadas en el proceso no han mostrado suficiente consideración a las cuestiones de derechos humanos. El propio proceso debe ser más transparente y conllevar más consultas con el pueblo iraquí. El 22 de mayo de 2003, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1483, en la que se levantaba el largo régimen de sanciones y proporcionaba un marco internacional para el proceso de reconstrucción. Sin embargo, la resolución no prevé una suficiente supervisión independiente sobre las potencias ocupantes y contiene mecanismos de rendición de cuentas inadecuados para garantizar que el proceso de reconstrucción revierte en una mejor protección de los derechos humanos. La meta de la reconstrucción debe ser garantizar la protección efectiva y la realización de todos los derechos humanos para todos los iraquíes. Este informe resume un documento titulado Irak: En nombre de quién? Los derechos humanos y el proceso de reconstrucción en Irak (), publicado por en junio de Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto, consulten el documento completo. Pueden encontrar amplia documentación sobre éste y otros asuntos en el sitio web de Amnistía Internacional < (en inglés), así como recibir comunicados de prensa por correo electrónico en < Para los documentos y comunicados de prensa traducidos al español consulten las páginas web de EDAI en < SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO TRADUCCIÓN EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

2 [NO PUBLICAR ANTES DEL 20/06/2003] Público Irak: En nombre de quién? Los derechos humanos y el proceso de reconstrucción económica en Irak SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

3 Irak: En nombre de quién? Los derechos humanos y el proceso de reconstrucción económica en Irak Tras el reciente conflicto de Irak, los intereses externos se apresuran a obtener contratos para reconstruir la destrozada infraestructura del país e invertir en el proceso de reconstrucción. Hasta ahora las potencias ocupantes de Irak los Estados Unidos de América y el Reino Unido, otros gobiernos y empresas extranjeras implicadas en el proceso no han mostrado suficiente consideración a las cuestiones de derechos humanos. El propio proceso debe ser más transparente y conllevar más consultas con el pueblo iraquí. El 22 de mayo de 2003, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1483, en la que se levantaba el largo régimen de sanciones y proporcionaba un marco internacional para el proceso de reconstrucción. Sin embargo, la resolución no prevé una suficiente supervisión independiente sobre las potencias ocupantes y contiene mecanismos de rendición de cuentas inadecuados para garantizar que el proceso de reconstrucción revierte en una mejor protección de los derechos humanos. La meta de la reconstrucción debe ser garantizar la protección efectiva y la realización de todos los derechos humanos para todos los iraquíes. La comunidad internacional, y especialmente los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido, como potencias ocupantes, tiene la obligación de garantizar que los esfuerzos de la reconstrucción benefician al pueblo iraquí. El objetivo de la reconstrucción debe ser garantizar la protección y realización efectivas de todos los derechos humanos para todos los iraquíes. Los propios iraquíes, idealmente a través de instituciones representativas, deben tomar decisiones sobre la reconstrucción, sobre la inversión extranjera y sobre la venta de propiedades estatales. Para garantizar la protección de los derechos humanos, Irak necesitará unos recursos considerables: para reformar y reconstruir el sistema de justicia, indemnizar a las víctimas de la guerra y de la represión y prestar atención médica y ayuda humanitaria hasta que el país sea autosuficiente. La comunidad internacional debe adoptar medidas urgentes para asegurar que Irak recibe los recursos que necesita para alimentar a sus ciudadanos, dar prestaciones sociales a quienes las necesitan e iniciar la reconstrucción. siente preocupación ante la posibilidad de que la dinámica de la inversión económica en el proceso de reconstrucción de Irak exacerbe los abusos contra los derechos humanos. La extracción de recursos, sobre todo de petróleo, en entornos inseguros contribuye al conflicto y a que se cometan abusos contra los derechos humanos en muchas partes del mundo. La experiencia viene demostrando que la falta de transparencia en la adjudicación de los principales proyectos de reconstrucción suele fomentar la corrupción. Eso, a su vez, podría ir en detrimento de los esfuerzos para implantar en Irak un Estado de derecho, así como desviar recursos que podrían emplearse en beneficio del pueblo iraquí. Además, hay determinadas prácticas empresariales en la contratación de personal, por ejemplo, o en relación con la seguridad de sus operaciones que podrían propiciar los abusos contra los derechos humanos. Las potencias ocupantes, los gobiernos extranjeros y las empresas deben hacer todo lo que esté en su mano para evitar que esto ocurra en Irak. El pueblo iraquí ha sufrido un régimen represivo durante décadas, y su situación se vio agravada por los años de conflicto y por las sanciones. Muchos iraquíes han perdido la vida en el reciente conflicto y corren el riesgo de sufrir abusos en el entorno inseguro que le ha seguido. Irak ha estado años en gran medida

4 Irak: En nombre de quién? 4 cerrado para los intereses económicos exteriores. Esto está cambiando ahora con rapidez. Los agentes económicos extranjeros desempeñarán un papel poderoso en Irak, por lo que es perentorio garantizar que esta fuerza no exacerbará más los abusos contra los derechos humanos en el país. Con este objetivo en mente, formula varias recomendaciones a las potencias ocupantes, a la ONU y también a las empresas que entren o inviertan en Irak. Estas recomendaciones se ciñen a las cuestiones de derechos humanos derivadas del proceso de reconstrucción económica. Amnistía Internacional ha publicado o está preparando otros documentos en los que se abordan otras preocupaciones de derechos humanos en relación con Irak. 1 La resolución 1483 del Consejo de Seguridad La resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad establece el marco internacional para el proceso de reconstrucción. Las disposiciones de derechos humanos contenidas en la resolución son débiles y no abordan de forma adecuada varios motivos de preocupación clave. Concretamente, la resolución no garantiza efectivamente que los responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Irak comparecen ante la justicia, ni una observación efectiva de la situación de los derechos humanos por parte de la ONU en las actuales condiciones. 2 Sin embargo, la resolución ofrece una clara base para mantener que la protección de todos los derechos humanos para todos los iraquíes debe ser un propósito fundamental del proceso de reconstrucción y para insistir en que las potencias ocupantes de Irak deben respetar y proteger los derechos humanos. La resolución obliga a las potencias ocupantes a promover «el bienestar del pueblo iraquí» y prevé el desembolso de fondos para «fines que vayan en beneficio de la población del Iraq». La protección de los derechos humanos debería ser una parte clave de los fines que han de alcanzarse. En el párrafo 5 de la resolución se «Insta a quienes concierna a cumplir cabalmente las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional, en particular los Convenios de Ginebra de 1949 y el Reglamento de La Haya de 1907» (énfasis añadido). Es evidente que las obligaciones a que se hace referencia en este párrafo no se limitan a las previstas en los tratados citados, sino que incluyen otras obligaciones legales internacionales no especificadas. En opinión de, las obligaciones de las potencias ocupantes previstas en el derecho internacional incluyen el claro deber de respetar, proteger y realizar los derechos humanos del pueblo iraquí mientras continúen ejerciendo el control efectivo del territorio de Irak. Estas obligaciones existen por dos razones. En primer lugar, porque Estados Unidos y el Reino Unido son partes de varios tratados internacionales de derechos humanos, y sus obligaciones contraídas en virtud de estos tratados se extienden a los territorios que ocupan. Y en segundo lugar, porque el anterior gobierno iraquí firmó y ratificó varios tratados de derechos humanos que se aplican a todas las personas que estén en territorio iraquí y que siguen siendo vinculantes, tanto para un futuro gobierno iraquí como para cualquier autoridad provisional, incluidas las potencias ocupantes que ejerzan el control efectivo en el país. 1 Véanse, Irak: La necesidad de garantizar que se hace justicia, Índice AI: MDE 14/080/2003/s; Irak: Las responsabilidades de las potencias ocupantes, Índice AI: MDE 14/089/2003/s; Irak: Las personas primero: la protección de los derechos humanos durante los actuales disturbios. Llamamiento de 10 puntos de Amnistía Internacional, Índice AI: MDE 14/093/2003/s. Consulten también Irak: Justicia y seguridad, documento de AI de próxima publicación. 2 Véase, Irak: El Consejo de Seguridad pierde una oportunidad y debe centrarse en los derechos humanos ya, Índice AI: MDE 14/123/2003/s.

5 Irak: En nombre de quién? 5 En relación con el proceso de reconstrucción, la resolución 1483 incluye algunos aspectos positivos. Levanta las sanciones impuestas por la ONU a Irak, lo que representa un primer paso esencial para la reconstrucción económica, pues las sanciones han tenido una repercusión muy negativa en la situación de los derechos humanos en el país. También respalda los esfuerzos encaminados a encontrar una solución al problema de la enorme deuda externa de Irak. Además, hay disposiciones destinadas a dar transparencia al proceso de reconstrucción y a proveer de fondos el proceso. La resolución llama la atención sobre la creación de un Fondo de Desarrollo para Irak, que no ha establecido el Consejo de Seguridad, sino presumiblemente las potencias ocupantes, a las que la resolución denomina «la Autoridad». Todos los ingresos futuros procedentes de la venta de petróleo y algunos fondos en manos de la ONU procedentes de ventas de petróleo realizadas con anterioridad, en virtud del programa petróleo por alimentos irán al Fondo. Éste estará auditado por «contadores públicos independientes» aprobados por una Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión. Al igual que el Fondo, esta Junta tampoco está establecida por el Consejo de Seguridad, sino presumiblemente por la Autoridad. Entre sus miembros habrá representantes de instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y de la ONU, y uno de sus cometidos será garantizar que los recursos del Fondo se utilicen «de manera transparente». Sin embargo, resulta preocupante que ni el Fondo de Desarrollo ni la Junta Internacional sean verdaderas entidades internacionales, con una responsabilidad internacional clara. Aunque la resolución 1483 sí estipula algunos de sus fines, miembros y operaciones, ninguna de las dos entidades ha de informar ante el Consejo de Seguridad. Y pese a que el secretario general debe informar de la labor que realiza la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión, el poder real y la responsabilidad de los dos organismos lo tiene la Autoridad, es decir, los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido, a los que en la resolución meramente se «alienta [...] a que le informen a intervalos periódicos de las actividades que realicen en virtud de la presente resolución.» Según la resolución 1483, los recursos del Fondo de Desarrollo «serán desembolsados según disponga la Autoridad, en consulta con la autoridad provisional iraquí». Aparentemente, esta estipulación anula la norma internacional vigente que prohíbe a las potencias ocupantes vender o transferir los recursos naturales del territorio que ocupan. 3 considera que los desembolsos del Fondo de Desarrollo deberán dar prioridad a proteger y realizar los derechos humanos del pueblo iraquí. Si la ONU tuviera el control y la supervisión efectiva del Fondo, esto se habría derivado naturalmente de los propios fines de la ONU, establecidos en su Carta. Dado que el Fondo está controlado por las potencias ocupantes, éstas deben comprometerse a utilizarlo de forma que se respeten, se protejan y se realicen los derechos humanos en Irak. Aunque controlen el proceso, no pueden eludir las garantías de derechos humanos que normalmente estarían presentes si el Fondo estuviera bajo el control de la ONU. De forma similar, las potencias ocupantes deben comprometerse a que el uso de los fondos tendrá la máxima transparencia. Es lamentable que el Fondo de Desarrollo y la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión no sean debidamente responsables a nivel internacional, sino que estén sometidos en última instancia a la dirección de la Autoridad. Las percepciones de corrupción o de parcialidad en el proceso de reconstrucción perjudicarán gravemente los esfuerzos para establecer el imperio de la ley en Irak y, por tanto, debilitarán los esfuerzos encaminados a fomentar el respeto a los derechos humanos. 3 El artículo 55 del Reglamento de La Haya establece que la potencia ocupante «no debe considerarse sino como administrador y usufructuario» de los edificios públicos y de los recursos naturales, lo que significa que no puede apropiarse de dichos recursos ni enajenarlos.

6 Irak: En nombre de quién? 6 Recomendaciones a las potencias ocupantes, otros gobiernos, cualquier administración provisional iraquí en el futuro y la ONU Los derechos humanos deben estar en el centro de los esfuerzos de reconstrucción; de hecho, el objetivo principal del proceso debería ser la protección y realización de todos los derechos humanos para todos los iraquíes. insta a las potencias ocupantes, a cualquier administración provisional iraquí en el futuro, a otros gobiernos con influencia y al representante especial de la ONU para Irak4 a que cumplan las siguientes recomendaciones. Hacer que los derechos humanos sean primordiales en el proceso de reconstrucción Todas las partes implicadas en el proceso de reconstrucción deben dar prioridad a los proyectos relacionados directamente con la protección o la realización de los derechos humanos, centrándose en particular en los proyectos relacionados con la mejora de la seguridad personal y en garantizar el acceso a los alimentos, a la salud, a la educación y a la vivienda, y la reforma del sistema de justicia. La Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión debe declarar públicamente que considera que la protección de los derechos humanos en Irak es sin duda «en beneficio de la población de Irak» y, por tanto, una prioridad apropiada a los efectos de recibir apoyo económico del Fondo de Desarrollo. La Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión debe dejar claro, además, que los proyectos de reconstrucción deben realizarse de forma que se refuerce el respeto a los derechos humanos. Deben adoptarse directrices claras para garantizar que los proyectos financiados con el Fondo de Desarrollo no son causa de abusos contra los derechos humanos ni contribuyen a que se cometan. Implicar a los iraquíes en la toma de decisiones Los iraquíes tienen derecho a participar en las decisiones que les afectan, y esto incluirá la mayoría de los aspectos del proceso de reconstrucción. La participación activa de los iraquíes en este proceso es, además, una condición esencial para su éxito. Este proceso de participación debe ser inclusivo y no discriminatorio. Las potencias ocupantes deben comprometerse expresamente a implicar a los iraquíes en la toma de decisiones relativas a la reconstrucción y a incluir en sus informes al Consejo de Seguridad información detallada de las medidas que adoptan para cumplir este compromiso. Implicar a la mujer en el proceso de reconstrucción y proteger los derechos de la mujer Las necesidades concretas de la mujer han de estar integradas en su totalidad en el proceso de cambio. La plena participación de la mujer es una condición necesaria para el éxito de la reconstrucción pacífica de Irak, y la mejor garantía de que el proceso de reconstrucción logrará una mejor protección de los derechos de la mujer en Irak. 5 4 La resolución 1483 establece un representante especial de la ONU para Irak al que asigna diversas funciones relacionadas con el proceso de reconstrucción, incluida la promoción de la protección de los derechos humanos. 5 Esto está incluido expresamente en la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, que aborda el papel de la mujer en situaciones de conflicto y de posconflicto. La resolución pide la adopción de una perspectiva de género que tenga en cuenta «(l)as necesidades especiales de las mujeres y las niñas durante la repatriación y el reasentamiento, así como para la rehabilitación, la reintegración y la reconstrucción después de los conflictos». De forma similar, el

7 Irak: En nombre de quién? 7 Adjudicar contratos de forma transparente y por medio de licitaciones abiertas La presentación de licitaciones cerradas o reservadas para proyectos de reconstrucción puede fomentar la corrupción e ir en detrimento del establecimiento del Estado de derecho en Irak. La buena práctica empresarial exige siempre unos procesos imparciales y transparentes para la adjudicación de grandes contratos de infraestructura. Estos procesos son esenciales cuando los contratos se refieren a asuntos que afectan a los derechos humanos, y no lo son menos para garantizar que no se menoscaba el derecho de los iraquíes a participar. 6 Gestionar los recursos petroleros de una forma transparente y responsable La experiencia en varios países muestra que existe el riesgo de que se utilicen mal los recursos petroleros y cómo esta mala utilización puede repercutir negativamente en la protección de los derechos humanos. 7 Las decisiones sobre la forma más apropiada de explotar los recursos petroleros de Irak deben adoptarse con vistas a alcanzar la protección y la realización de los derechos del pueblo iraquí. Los ingresos que genere el petróleo iraquí deben gestionarse de una forma transparente y responsable en beneficio de la población iraquí. 8 La resolución 1483 establece ciertos mecanismos para la rendición de cuentas e incluye el compromiso con la transparencia en relación con la utilización de los fondos procedentes de la venta de petróleo. La transparencia será mayor y la rendición de cuentas más clara si los informes de la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión y los de los auditores que ésta apruebe son públicos, y si las potencias ocupantes incluyen en sus informes al Consejo de Seguridad información sobre la forma en que el Fondo de Desarrollo contribuye a la protección y la realización de los derechos humanos en Irak. 9 secretario general de la ONU, en su informe sobre la mujer, la paz y la seguridad, ha pedido la incorporación de perspectivas de género en los programas de rehabilitación y reconstrucción. 6 Véanse, por ejemplo, los motivos de preocupación del Banco Mundial sobre licitaciones competitivas internacionales y nacionales, así como los principios que rigen las licitaciones internacionales limitadas en situaciones de emergencia y ayuda para desastres. Pueden consultarlos en < Estos principios incluyen: Garantizar que el proyecto es realizado con economía y eficiencia; Garantizar que el proyecto es necesario para las necesidades de las personas; Ofrecer a todos los candidatos cualificados igualdad de oportunidades para llevar a cabo el proyecto; Alentar y desarrollar negocios, contratistas y fabricantes locales, en su caso; y Garantizar la transparencia del proceso. 7 Véase, por ejemplo, el informe de AI titulado Sudan: The human price of oil, Índice AI: AFR 54/001/2000, que revela el papel desempeñado por la explotación del petróleo y su contribución a un clima de violaciones de derechos humanos en Sudán. 8 Véase Considerations For the Management Of Oil In Iraq: A Background Briefing Human Rights Watch, 18 de abril de Existe un modelo de buen gobierno en Noruega, donde en 1990 se creó el Fondo Estatal del Petróleo para «evitar el gasto excesivo de los ingresos derivados del petróleo y promover una transformación gradual de la riqueza procedente del petróleo en activos financieros extranjeros». Aunque el objetivo de Noruega es lograr la estabilidad macroeconómica y unos dividendos sostenibles, y la situación de Irak después del conflicto tiene prioridades inmediatas diferentes, la Junta Internacional de Asesoramiento y Supervisión puede estructurarse siguiendo estas líneas trasparentes para garantizar la rendición de cuentas.

8 Irak: En nombre de quién? 8 Recomendaciones a las empresas Las empresas extranjeras que entren o inviertan en Irak tendrán una enorme influencia. Es vital que no debiliten los esfuerzos para establecer el Estado de derecho y un gobierno auténticamente responsable en Irak, que no apliquen políticas que contribuyan a que se cometan abusos contra los derechos humanos y que no cometan esos abusos. En consecuencia, AI pide a las empresas que se comprometan a respetar los siguientes principios si tienen la intención de realizar actividades en Irak. 1. Respetar las normas de derechos humanos de la ONU Las empresas deben comprometerse a respetar el Borrador de Normas de Responsabilidad de Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales con respecto a los Derechos Humanos. Este Borrador de Normas reúne diversas normas existentes de derechos humanos de la ONU pertinentes al ámbito empresarial. Aunque no están aprobadas formalmente, constituyen un punto de referencia de gran utilidad para la práctica de las empresas en relación con los derechos humanos. 10 Las empresas deben dejar claro a todos sus directores y empleados que trabajen en Irak que deben respetar los derechos humanos fundamentales, expresados en el Borrador de Normas, dentro de las actividades de la empresa y en relación con las comunidades que les rodean y en la sociedad iraquí en general. En concreto, AI pide a las empresas que adopten medidas para evitar los siguientes abusos, con arreglo a lo que establece el Borrador de Normas. Desplazamientos arbitrarios Los grandes proyectos de infraestructura suelen provocar desplazamientos de población. La reconstrucción de Irak conllevará proyectos de gran magnitud. Las empresas deben negarse a participar en proyectos en los que estos desplazamientos sean forzosos y arbitrarios (por ejemplo, cuando no haya normas claras que permitan que se escuchen las opiniones de los afectados), cuando sean discriminatorios o cuando no se estipule una compensación adecuada. Discriminación en la contratación En Irak hay diversas religiones y grupos étnicos que han sufrido prácticas discriminatorias con el gobierno anterior. Las mujeres han sido asimismo discriminadas en la ley y en la práctica. En sus prácticas de contratación de trabajadores, las empresas no deben discriminar por ninguna causa, incluidos la religión, el origen étnico, la raza y el género. Adquisición de propiedades expropiadas arbitrariamente Las empresas deben garantizar, en lo posible, que no exacerbarán abusos cometidos en el pasado mediante la compra o la ocupación de propiedades expropiadas de forma ilegal o arbitraria. 10 La Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU está desarrollando el Borrador de Normas de Responsabilidad de Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales con respecto a los Derechos Humanos (E/CN.4/Sub.2/2002/13), y es probable que el Borrador sea adoptado en un futuro próximo. Pueden consultar la versión electrónica en inglés en <www1.umn.edu/humanrts/links/normsapril2003.html>. El texto en español (no oficial de la ONU) aparece en el borrador del comentario de las normas, que puede encontrarse en: <

9 Irak: En nombre de quién? 9 2. Respetar las normas de seguridad reconocidas internacionalmente En sus normas de seguridad, y en concreto en la contratación de personal de seguridad (por ejemplo, para custodiar sus instalaciones), las empresas deben garantizar que respetan el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de la ONU, y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 11 Las empresas mineras y petroleras deben aplicar los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos creados por los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, en conjunción con varias empresas. 12 Las empresas deben hacer que sus normas de seguridad sean congruentes con las normas de derechos humanos, lo que incluye garantizar que el personal de seguridad recibe la formación adecuada y, en lo posible, deben hacer públicas dichas normas. Las empresas deben evitar contratar a presuntos autores de abusos contra los derechos humanos en puestos relacionados con la seguridad de sus actividades. 3. Consultar con las comunidades locales y recabar la opinión de las mujeres Las empresas deben consultar con la comunidad local en la que lleven a cabo su actividad y a otros afectados por sus operaciones o inversiones. Estas consultas deben garantizar que se escuchan las opiniones de las mujeres, así como las de las comunidades marginadas o grupos discriminados Facilitar servicios esenciales de una forma no discriminatoria Cuando las empresas asuman la prestación de servicios esenciales (como los relacionados con la salud, la educación o el acceso al agua), sea por medio de un proceso formal de privatización o debido a la incapacidad temporal del Estado para cumplir sus obligaciones, han de aceptar la obligación de garantizar la prestación de estos servicios de forma no discriminatoria. En todo proceso de privatización que afecte a servicios esenciales se deberá prever el acceso de los pobres a dichos servicios. 11 Véanse el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Estas normas especifican que el personal de seguridad debe respetar los derechos fundamentales de las personas y sólo podrá emplear la fuerza cuando sea estrictamente necesario y únicamente de forma proporcional a la amenaza. Véanse < y < 12 Véanse los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos: < Los principios se aplican a empresas del sector de la extracción de Estados Unidos, el Reino Unido, los Países Bajos y Noruega, y exigen la investigación de las denuncias de abusos contra los derechos humanos, un mayor diálogo con las comunidades locales, y normas para el uso de empresas de seguridad privadas. Aunque los principios no son legalmente vinculantes, sirven de base para vigilar la actividad de las empresas, y algunas compañías las han incorporado en sus acuerdos de inversión, otorgándoles fuerza casi de ley. Pese a que los principios de aplican sólo a las empresas que los han respaldado y procedentes de los cuatro países mencionados, nada impide que otras empresas de estos y de otros países los acepten, y AI las anima a que lo hagan. Varias organizaciones no gubernamentales, AI entre ellas, han participado en el proceso que desembocó en la adopción de los principios. 13 Para una explicación detallada de las consultas y el desarrollo sensibles a las cuestiones de género, véase Learning and Information Pack, producido por el Programa de Género y Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En el volumen 1 (octubre de 2001) ofrece una perspectiva general, y en el volumen 2 (enero de 2001), herramientas para el análisis de género.

10 Irak: En nombre de quién? Prohibición de la especulación No se deberá especular con la escasez provocada por la guerra. Deberán fijarse los precios de los productos y servicios esenciales teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales que viven los civiles en el entorno posterior a un conflicto. 6. Respeto al medio ambiente Los daños al medio ambiente y la contaminación pueden tener un grave impacto sobre los derechos humanos (incluidos el derecho a la vida y a la salud). Las empresas deben realizar sus actividades con arreglo a las normas internacionales sobre medio ambiente y salud pública, y facilitar información completa y pública sobre el impacto medioambiental de sus actividades. 7. No perpetuar las divisiones sociales Las empresas que intervienen en la provisión de ayuda o de bienes indispensables para la supervivencia de los civiles, como alimentos, agua, atención básica para la salud o refugio, deben garantizar que al prestar dichos servicios no contribuyen a la perpetuación de las divisiones sociales, de antiguas animadversiones o de desigualdades arraigadas No ofrecer sobornos ni fomentar la corrupción La corrupción debilita el Estado de derecho y dificulta el establecimiento de un gobierno responsable. Por tanto, las empresas deben comprometerse a luchar contra el soborno y a hacer una contribución positiva para mejorar los niveles de integridad, transparencia y rendición de cuentas en las actividades empresariales. En sus actividades en Irak, las empresas deben dejar claro a su personal la prohibición del soborno en cualquier forma, sea directo o indirecto. La empresa no debe permitir que se hagan contribuciones directas ni indirectas a partidos políticos, organizaciones o personas que intervienen en política y utilizarlas como forma de obtener ventajas en las transacciones empresariales. 9. Transparencia Las empresas deben actuar de una forma transparente, revelando todos los recursos financieros y de otro tipo que proporcionan al gobierno o a las autoridades de Irak, incluidos, en concreto, los ingresos derivados de contratos de participación en la producción y los pagos de derechos derivados de la explotación del petróleo o de contratos de producción Apoyar el Estado de derecho y el establecimiento de un sistema de justicia imparcial Las empresas deben apoyar el establecimiento en Irak, lo antes posible, de un sistema de justicia imparcial y eficaz, congruente con las normas internacionales de derechos humanos. La creación de este sistema es esencial para la protección a largo plazo de los derechos humanos en Irak. Sin él, las empresas no podrán estar seguras de la legalidad y la seguridad de sus inversiones. 14 Véase Mary Anderson, Do No Harm: How Aid can Support Peace or War, Lynne Rienner Publishers, Estados Unidos, La campaña Publish What You Pay ( lanzada por organizaciones internacionales no gubernamentales, pide a las empresas petroleras que hagan públicos los ingresos que entregan a los gobiernos anfitriones mediante pagos de derechos, acuerdos de participación en la producción, impuestos u otros medios. La campaña ha sido respaldada y ampliada gracias a una iniciativa del gobierno británico denominada Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractoras. Varias empresas y asociaciones empresariales la han apoyado, aunque con reservas, como la inclusión de los gobiernos anfitriones y la exigencia de que éstos utilicen estos ingresos de forma transparente. Véase <

11 Irak: En nombre de quién? 11 Irak ha sufrido durante muchos años violaciones generalizadas y graves de derechos humanos. Ninguna sociedad puede esperar reconstruirse sin abordar estos abusos y garantizar la justicia para las víctimas. A las empresas les interesa dejar claro su apoyo al establecimiento lo antes posible de una comisión de expertos de la ONU que, en estrecho contacto con la sociedad civil iraquí, formule recomendaciones sobre medios imparciales, independientes y eficaces para garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos contra los derechos humanos en Irak Respaldar el despliegue de observadores de derechos humanos Como medio para garantizar que se respetan los derechos humanos en todo Irak, las empresas deben respaldar el despliegue rápido de observadores de derechos humanos de la ONU. 17 Información general Las recomendaciones formuladas se basan en la experiencia de AI en la observación de los abusos contra los derechos humanos en Irak y en su valoración de la situación actual de estos derechos en el país. Las recomendaciones se fundamentan también en la experiencia de otros países en cuanto a los lazos que unen la extracción de petróleo, la corrupción y los abusos, y en la labor realizada por AI en el examen de las responsabilidades de las empresas en los abusos contra los derechos humanos. Los siguientes apartados ofrecen información general sobre estos aspectos y exponen el contexto del proceso de reconstrucción. 1. El legado de los abusos cometidos contra los derechos humanos en Irak La historia de los abusos contra los derechos humanos en Irak es un punto de referencia esencial para las empresas extranjeras que entran en el país. A lo largo de los años, los informes de AI han denunciado violaciones generalizadas de los derechos humanos en Irak. Decenas de miles de personas han «desaparecido», y sólo ahora se están encontrando sus cuerpos en fosas comunes. Miles de personas fueron ejecutadas por su oposición al régimen. Otros miles de personas fueron detenidas y encarceladas después de juicios injustos. La tortura y los malos tratos a presos y detenidos políticos han sido sistemáticos. En 2001, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución en la que condenaba enérgicamente «Las gravísimas violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por el Gobierno del Iraq, que tienen por resultado una represión y una opresión omnipresentes, sostenidas mediante una amplia discriminación y el terror generalizado.» 18 Persecución política, étnica y religiosa En Irak existen diferencias étnicas, religiosas y culturales que, según un informe reciente, podrían convertirse en motivo de persecución Para más detalles, véase, Irak: Justicia, no impunidad, Índice AI: MDE 14/007/2003/s. 17 Véanse, Irak: La necesidad de desplegar observadores de derechos humanos, Índice AI: MDE 14/012/2003/s; Irak: Las personas primero: la protección de los derechos humanos durante los actuales disturbios. Llamamiento de 10 puntos de, Índice AI: MDE 14/093/2003/s. 18 Véase Resolución 2001/14, La situación de los derechos humanos en Iraq, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el 18 de agosto de Véase What Lies Beneath, the International Crisis Group, Bruselas, octubre de 2002.

12 Irak: En nombre de quién? 12 Entre el 75% y el 80% de las población iraquí de 25 millones de personas son de etnia árabe. Los kurdos representan entre el 15% y el 20% de la población. El 5% restante corresponde a turcomanos, asirios y otros grupos étnicos. Aproximadamente el 97% de los iraquíes son musulmanes, de los que entre el 60% y el 65% son chiíes; el resto son sunníes. La mayoría de la población kurda vive en el norte del país, mientras que la población chií vive sobre todo en Bagdad y en el sur. Con el gobierno del Baas se cometieron violaciones de derechos humanos generalizadas contra las comunidades kurda y chií. Los musulmanes chiíes, incluidos los kurdos feilíes, fueron expulsados de Irán y objeto de «desapariciones» después de la guerra entre Irán e Irak ( ). En los años ochenta, las autoridades iraquíes expulsaron a Irán a decenas de miles de familias iraquíes a las que consideraba de origen iraní y confiscaron sus propiedades. La confiscación de propiedades y la destrucción de viviendas se ha utilizado también como castigo contra opositores políticos. Más de kurdos «desaparecieron» en 1988 (en la «Operación Anfal»), y civiles murieron a causa de las armas químicas que se emplearon en un ataque contra la ciudad kurda de Halabja. En 1991, después de finalización de la Guerra del Golfo («Operación Tormenta del Desierto»), los musulmanes chiíes y los kurdos fueron víctimas de homicidios y «desapariciones» en la represión desatada por el gobierno para sofocar los levantamientos del norte y el sur del país. Tras estos levantamientos, cientos, probablemente miles de personas «desaparecieron» o fueron ejecutadas extrajudicialmente. 20 Desplazamientos forzados y «arabización» Desde mediados de 1997, muchas personas de origen no árabe, como turcos, turcomanos y asirios, han sido expulsadas de Khanaqin y de la región de Kirkuk, rica en petróleo, y enviadas a las provincias kurdas del norte controladas por los dos grupos kurdos, el Partido Demócrata del Kurdistán y la Unión Patrió tica del Kurdistán y sustituidas por familias árabes del sur de Irak. En el proceso de expulsión se confiscaron propiedades, cartillas de racionamiento proporcionadas en virtud del programa petróleo por alimentos de la ONU y tarjetas de pertenencia a organismos oficiales. La mayoría de los expulsados fueron reasentados en campos. La política de expulsión continuó hasta que comenzó la acción militar dirigida por Estados Unidos contra Irak, en marzo de Según los informes, en mayo de 1999 habían sido expulsadas a las provincias del norte al menos familias, que abarcaban como mínimo a personas. Hoy este número podría ser muy superior a personas. Esta política de «arabización» ha incluido también medidas discriminatorias como los mecanismos y políticas que obligaron a la población a utilizar nombres árabes o a consignar una identidad étnica distinta de la real en los documentos oficiales. Los árabes de las marismas del sur han tenido que cambiar de residencia a menudo, y muchas veces por la fuerza, cuando se desecaron las llanuras para desviar recursos a las regiones favorables al ex presidente Sadam Husein. 20 Véanse los informes de AI Iraq: "Disappearances": unresolved cases since the early 1980s, Índice AI: MDE 14/005/1997; Irak: Violaciones de derechos humanos desde el levantamiento. Resumen de las preocupaciones de, Índice AI: MDE 14/005/1991; Irak: Víctimas de una represión sistemática, Índice AI: MDE 14/010/1999/s.

13 Irak: En nombre de quién? 13 Los desplazamientos masivos de personas están lejos de haber terminado. Tras la reciente guerra, la Organización Internacional para las Migraciones, en una evaluación inicial basada en las conclusiones de algunas de las organizaciones no gubernamentales asociadas, informó el 13 de mayo de 2003 que había al menos desplazados internos; algunos vivían en edificios públicos abandonados, otros con familias de acogida, en tiendas de campañas o incluso al aire libre. Violaciones de derechos humanos contra la mujer Las mujeres son desde hace muchos años víctimas de violaciones graves de derechos humanos, incluidas la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Entre los métodos de tortura figuran golpes en las plantas de los pies y violaciones. En un caso bien documentado, la violación de una mujer fue filmada en vídeo y enviada a un familiar que vivía en el extranjero, para presionarlo a fin de que dejara de realizar actividades contra el gobierno. En octubre de 2002, decenas de mujeres sospechosas de prostitución fueron decapitadas en Bagdad y en otras ciudades sin haber sido sometidas a ningún proceso judicial. Miembros del grupo paramilitar Feda'iyye Saddam emplearon espadas para realizar las ejecuciones en público. También se ha decapitado a mujeres por motivos políticos. Durante los años ochenta, y especialmente como consecuencia de la «Operación Anfal» realizada en 1988 contra la población kurda del norte de Irak, decenas de miles de mujeres kurdas enviudaron o se quedaron sin ningún familiar varón en una sociedad dominada por los hombres. Muchas otras habían sufrido la pérdida del esposo, de un hijo o de un hermano durante la guerra Irán-Irak o como consecuencia de la persecución política de las autoridades. Durante muchos años, las dificultades económicas, entre las cuales cabe destacar la disminución de puestos de trabajo, cambiaron el papel de la mujer en Irak. Muchas mujeres que habían trabajado fuera de casa han asumido funciones domésticas cada vez más amplias o hacen trabajos de categoría muy inferior a su nivel de preparación y estudios. Algunos informes indican que durante este periodo se ha producido un gran aumento del número de mujeres que se dedican a la prostitución. El grueso de los refugiados y de los desplazados internos está integrado por mujeres y niños. Estos cambios y la desaparición de muchas redes de apoyo e iniciativas locales han dejado a muchas mujeres aisladas y vulnerables frente a la violencia, incluida la violencia doméstica. El aumento del número de divorcios y el efecto de las guerras han provocado un incremento del número de familias encabezadas por una mujer. Las mujeres han sido también víctimas de homicidios familiares, conocidos como «homicidios por motivos de honor». La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer informó en 2002 que más de mujeres habían sido víctimas de estos homicidios en Irak desde Este legado de abusos será un factor importante en el Irak de posguerra. Es urgente abordar las violaciones de derechos humanos cometidas, investigar y hacer que comparezcan ante la justicia quienes sean declarados responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, y ofrecer compensación y restitución a las víctimas Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género: la violencia contra la mujer, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, presentado de conformidad con la resolución 2001/49 de la Comisión de Derechos Humanos (E/CN.4/2002/83), 31 de enero de Véase, Irak: La necesidad de garantizar que se hace justicia, Índice AI: MDE 14/080/2003/s.

14 Irak: En nombre de quién? 14 En la actual situación de Irak, después del conflicto, es preocupante que no se consulte a las mujeres y que éstas no estén participando plenamente en el debate sobre el futuro de su país. Derechos económicos y sociales: la discriminación y el impacto de las sanciones Además de este legado de abusos contra los derechos civiles y políticos, los iraquíes también han sufrido violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales. En 1997, el organismo oficial de la ONU que vigila el cumplimiento de estos derechos hizo constar su preocupación ante las medidas discriminatorias en relación con éstos, y especialmente respecto de la mujer, los kurdos y los árabes de las marismas, y expresó asimismo su inquietud ante la prohibición de los sindicatos independientes, el uso del trabajo infantil y los desahucios, incluidos los de ocupantes ilegales. También expresó preocupación por la falta de disponibilidad de alimentos, medicinas y agua potable en muchas zonas rurales, por la creciente tasa de analfabetismo y por el derecho a la educación primaria en términos generales. 23 El Comité de Derechos Económicos y Sociales, al igual que muchos otros observadores, también señaló el impacto negativo de las sanciones de la ONU en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. En 2002, citando la desastrosa situación causada por el embargo en la población iraquí en los últimos 12 años, la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de la ONU, decidió que había que levantar el embargo aun cuando no se hubieran alcanzado sus objetivos. 24 Según la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, 25 el impacto de las sanciones incluía un aumento de la mortandad maternal entre 1989 y 1997 de 50 a 117 fallecimientos por cada nacimientos vivos. Entre 1990 y 1995, la mortandad infantil aumentó de 64 a 129 por cada nacimientos. 26 Además, los hospitales y las instituciones médicas carecían de mantenimiento, la escasez de agua era generalizada, habían vuelto las enfermedades transmisibles, las cifras de alfabetización de adultos y de mujeres habían retrocedido a los niveles de mediados de los años ochenta, y habían descendido las matriculaciones en escuelas primarias. Pero la Oficina del Alto Comisionado también señaló otros factores que contribuyeron a que Irak no pudiera cumplir sus obligaciones, como la guerra Irán-Irak, la invasión de Kuwait, la dependencia de Irak de la exportación de petróleo, el retraso del gobierno iraquí en aceptar el programa petróleo por alimentos; 27 la 23 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Económicos señaló expresamente la deficiente actuación de Irak en la eliminación de la discriminación contra la mujer en general, y específicamente en relación con la educación. El Comité expresó también su desagrado por la actuación de Irak en la preservación de monumentos culturales y el acceso a las lenguas minoritarias en las emisiones de radio. Véase el informe del 17º. periodo de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, noviembre a diciembre de Véase E/CN.4/Sub.2/Dec/2002/109, Comisión de Derechos Humanos, Consejo Económico y Social, Naciones Unidas. Véase también la decisión 2000/112, relativa a la situación humanitaria de la población iraquí, aprobada el 18 de agosto de 2000 en la Subcomisión de Derechos Humanos. 25 Véase Report of the Second Panel established pursuant to the note by the President of the Security Council of 30 January 1999 (S/1999/100), concerning the current humanitarian situation in Iraq (S/1999/356, Annexe II). 26 Véase Iraq Child and Maternal Mortality Surveys, UNICEF, En virtud de este programa, que finalizará en noviembre, el 72% de los ingresos procedentes de la exportación del petróleo iraquí debe financiar el programa humanitario. De este porcentaje, el 59% está destinado a la contratación y suministros de material por el gobierno para 15 gobernaciones del centro y el sur. El restante 13% es para las tres gobernaciones del norte. El 28% restante de los fondos tiene los siguientes destinos: el 25% para el Fondo de Indemnización para pagos de reparación de la guerra (el Fondo de Indemnización de las Naciones Unidas), el 2,2% para los gastos administrativos y operativos del programa de la ONU y el 0,8% para el programa de inspección de armas.

15 Irak: En nombre de quién? 15 no utilización por el gobierno de todas las posibilidades que permitía el programa, la ineficacia del reparto de productos médicos, y la denegación de acceso a observadores imparciales para vigilar la situación en Irak. De modo similar, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irak ha llamado la atención sobre la responsabilidad del gobierno iraquí respecto de las violaciones de derechos económicos y sociales derivados del régimen de sanciones. 28 Irak ha ratificado siete de los ocho convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo. El único que no ha ratificado es el convenio 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Tanto la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) 29 como la OIT criticaron las prácticas sindicales y de empleo del anterior gobierno Cuestiones de derechos humanos después del conflicto Cientos de civiles han perdido la vida durante el reciente conflicto. Algunos fueron víctimas de bombas de racimo, otros murieron en ataques ocurridos en circunstancias no aclaradas. Las pequeñas bombas que no han estallado, procedentes de las bombas de racimo empleadas en el conflicto, siguen siendo una amenaza para los civiles, especialmente para los niños. Las fuerzas iraquíes utilizaron tácticas ilegales que pusieron en peligro a los civiles. Según los informes, dichas tácticas incluyeron la ubicación de fuerzas militares y armas cerca de civiles y el uso de ropa civil por parte de combatientes para lanzar ataques por sorpresa. Aunque parece que los combates a gran escala ya han terminado, la fase de «posconflicto» inmediata sigue siendo turbulenta debido al derrumbamiento general de la seguridad, el saqueo extendido de edificios públicos y privados, índices de delincuencia elevados y choques esporádicos entre individuos armados y fuerzas estadounidenses o británicas. La seguridad sigue siendo el principal motivo de preocupación para la población iraquí por la ausencia de actuación policial adecuada y la gran disponibilidad de armas. 28 El anterior relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irak, cargo establecido por la Comisión de Derechos Humanos, ha subrayado que si el gobierno de Irak no hubiera esperado cinco años a aceptar el acuerdo petróleo por alimentos, millones «de personas inocentes habrían evitado un sufrimiento grave y prolongado». También informó de que, al mismo tiempo que no había empleado bien sus recursos existentes ni cooperado totalmente para aprovechar los demás recursos disponibles, el gobierno de Irak había empleado algunos recursos para enriquecerse. El relator especial denunció asimismo que el gobierno iraquí había hecho caso omiso de las recomendaciones de la Oficina del Programa de Irak de la ONU y de UNICEF, de dar prioridad a programas de nutrición infantil y salud maternal. Había sido lento en la distribución de medicinas y material y productos médicos a almacenes, y su sistema de distribución de alimentos y medicinas era presuntamente susceptible de ser manipulado en contra de sus adversarios. 29 Una ley de 1987 establece la Federación General de Sindicatos como organización sindical única. Estrechamente vinculada al Partido Baas, fue utilizada para promover la política del partido entre los trabajadores. La CIOSL ha declarado: «Los trabajadores del sector público y de empresas estatales no pueden formar ni ser miembros de sindicatos ni entablar negociaciones colectivas. El Estado fija sus salarios. No hay negociación colectiva en el sector privado. La ley no protege a los trabajadores frente a la discriminación antisindical. Las huelgas pueden ser castigadas con penas de prisión, incluidos trabajos forzosos. No hay informes de que se realicen huelgas. En septiembre de 2002 se informó de que cientos de miembros del Sindicato de Periodistas de Irak fueron despedidos por no haber elogiado a Sadam Husein y a su régimen en la cantidad o con la frecuencia con que debían haberlo hecho. 30 La CIOSL ha observado, en concreto, las restricciones que impone Irak a los trabajadores que desean dejar un empleo. Algunos pueden ser castigados con penas de prisión.